La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) reclamará unos $300 millones, en concepto de ajustes, a empresas que realizaron maniobras de evasión previsional para pagar menos.
Así lo informó este viernes el titular de ese organismo, Ricardo Echegaray, quien destacó que la cifra surge del cruzamiento de datos de las direcciones generales Impositiva y de Recursos de la Seguridad Social.
Echegaray -que se reunió, junto con el director general de Recursos de la Seguridad Social, Carlos Sánchez, con periodistas acreditados en el Palacio de Hacienda- detalló una serie de maniobras utilizadas por las empresas para reducir el pago de sus obligaciones previsionales.
En ese sentido, puntualizó que por la utilización indebida de beneficios previsionales se reclamará a 2.498 empresas que paguen, en carácter de ajuste, un total de 110 millones de pesos.
Esas compañías -más de la mitad radicadas en la Capital Federal- pagaron menos de lo que debían por el mal uso de la Ley de Promoción de Empleo, que permitía a las empresas con menos de 80 trabajadores pagar un tercio del valor de las contribuciones patronales por cada empleo nuevo que generasen.
De esas firmas:
• El 25,62% pertenecen a la industria manufacturera.
• El 20,58% al rubro comercio, restaurantes y hoteles.
• Un 16,57% a la construcción.
• Un 15,21% a establecimientos financieros, seguros y servicios profesionales.
Por otro lado, comentó que también se está investigando a algunos monotributistas que tienen empleados a su cargo y a otros que viajaron al mundial de fútbol de Sudáfrica, por presunta inconsistencia entre su nivel de facturación y las erogaciones que realizaron para asistir al evento deportivo.
En el rubro de la construcción, por otra parte, se busca el ajuste de unos $40 millones en las empresas que "no abonaron la alícuota diferencial" de contribuciones patronales que permite que los trabajadores de ese sector se jubilen anticipadamente.
Al respecto, comentó que se trata del 13 por ciento de las empresas de la construcción, la mayoría radicadas en Capital Federal, Gran Buenos Aires, Comodoro Rivadavia, Mendoza, Neuquén y Tucumán.
En otro orden, se investiga a unos 155 grandes empleadores que se hicieron pasar por pequeños, ya que la ley establece que quienes realicen ventas superiores a los 48 millones de pesos deben pagar un cuatro por ciento más por contribuciones patronales que las firmas que no lleguen a ese nivel.
Al respecto, Echegaray comentó que el ajuste por ese rubro es de $127 millones, de los cuales ya se "obtuvieron 61 millones luego de que se fiscalizara al 43 por ciento de esas empresas".
Por último, el titular del organismo recaudador señaló que la AFIP obtendrá otros 47 millones de pesos por la diferencia en el aporte jubilatorio pagada por 3.662 empresas cuando existía la jubilación privada.
Un espacio dedicado a la difusion de novedades juridicas y legales sobre cuestiones de naturaleza tributaria, sosteniendo una postura de defensa del contribuyente frente al accionar de los organismos recaudadores.
Puede hacernos llegar sus consultas o comentarios a glaramb@hotmail.com Telefono 43265223 -15581719
lunes, 30 de agosto de 2010
lunes, 23 de agosto de 2010
AFIP - TRABAJO EN NEGRO
De la mano de las presunciones previsionales y de un nuevo software para liquidar las cargas sociales, el fisco nacional potenciará las inspecciones. También apunta a la puesta en marcha del registro online de empleados. De esta manera, se facilitarán los cruces con ANSES y el Ministerio de Trabajo
En poco más más de una semana, se encontrará en plena vigencia el nuevo software que deberán utilizar las empresas para liquidar las cargas sociales de sus empleados.
En efecto, la versión 34 del programa denominado “SICOSS” constituye un paso clave de la fuerte avanzada que puso en marcha la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) a fin de reducir el empleo en negro y la evasión previsional.
La estrategia fiscal se completará con la inminente implementación de las polémicas presunciones laborales. Las herramientas legisladas por la Ley Antievasión II -que aún no fueron reglamentadas- permitirán determinar la cantidad mínima de empleados con los que debería contar una compañía para realizar su actividad.
También se avanzará en la confección de un nuevo registro online de empleados que constituirá una sola base de datos digital para consultas del Ministerio de Trabajo, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y otros organismos que demanden datos declarados por las empresas.
Nuevo aplicativo
La nueva versión del Sistema de Cálculo de las Obligaciones de la Seguridad Social (SICOSS) -que entrará en plena vigencia el mes próximo - permite que los empleadores declaren a sus trabajadores a través de la web del organismo.
La medida comprende a más de 550.000 empleadores y 7.200.000 trabajadores registrados en relación de dependencia, que se encuentran obligados a aportar al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).
Con esta actualización del software, también se lleva adelante el cierre definitivo del régimen compensador de las asignaciones familiares y se libera a los empleadores de la carga financiera y administrativa resultante del pago anticipado de estos beneficios. Para descargar el nuevo software haga clic aquí.
Además, con este software se inicia la recaudación del Seguro Colectivo de Vida Obligatorio, tal como lo estableció el convenio marco firmado por los titulares de la AFIP y la Superintendencia de Seguros de la Nación. El aplicativo permitirá recaudar la prima mensual y, de corresponder, el derecho de emisión de la póliza -premio- del Seguro Colectivo de Vida Obligatorio.
La aplicación SICOSS, en su nueva versión, también permite la correcta identificación de los trabajadores comprendidos en los Convenios de Corresponsabilidad Gremial de la actividad rural.
A través de “Mis Aportes” los trabajadores podrán continuar corroborando que sus empleadores cumplen correctamente con el depósito de los aportes jubilatorios y al sistema de salud retenidos, así como el pago de las contribuciones a todos los subsistemas de la seguridad social, incluida las cotizaciones a la Ley de Riesgos del Trabajo.
Presunciones
A través de la denominada Ley Antievasión II se ampliaron las facultades de la AFIP a fin de que pueda determinar de oficio las deudas de la seguridad social en aquellos casos en que los contribuyentes no hubieran presentado declaraciones juradas o resultaren impugnables por no representar la realidad constatada.
Para la determinación de las deudas antes mencionadas, el marco legal faculta al fisco nacional a valerse de presunciones previsionales pudiendo tomar como referencia:
• El consumo de gas, de energía eléctrica u otros servicios públicos.
• La adquisición de materias primas.
• El monto de los servicios de transporte utilizados.
• El valor del total del activo propio o ajeno.
• El tipo de obra ejecutada.
• La superficie explotada y el nivel de tecnificación.
• El tiempo de ejecución y las características de la explotación o actividad.
La propia ley dispone que tales indicios son meramente enunciativos y que su empleo deberá realizarse en forma razonable y uniforme.
El uso de las presunciones debe conducirse de manera siempre restrictiva. Las mismas no pueden constituir única prueba para efectuar una determinación de deuda en materia de aportes y contribuciones de seguridad social.
De lo contrario, las empresas correrían el riesgo de quedar a merced de criterios discrecionales, que luego ponen al contribuyente en la necesidad de producir demostraciones -a veces complejas- de la inexistencia del cargo que se le formula.
En poco más más de una semana, se encontrará en plena vigencia el nuevo software que deberán utilizar las empresas para liquidar las cargas sociales de sus empleados.
En efecto, la versión 34 del programa denominado “SICOSS” constituye un paso clave de la fuerte avanzada que puso en marcha la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) a fin de reducir el empleo en negro y la evasión previsional.
La estrategia fiscal se completará con la inminente implementación de las polémicas presunciones laborales. Las herramientas legisladas por la Ley Antievasión II -que aún no fueron reglamentadas- permitirán determinar la cantidad mínima de empleados con los que debería contar una compañía para realizar su actividad.
También se avanzará en la confección de un nuevo registro online de empleados que constituirá una sola base de datos digital para consultas del Ministerio de Trabajo, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y otros organismos que demanden datos declarados por las empresas.
Nuevo aplicativo
La nueva versión del Sistema de Cálculo de las Obligaciones de la Seguridad Social (SICOSS) -que entrará en plena vigencia el mes próximo - permite que los empleadores declaren a sus trabajadores a través de la web del organismo.
La medida comprende a más de 550.000 empleadores y 7.200.000 trabajadores registrados en relación de dependencia, que se encuentran obligados a aportar al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).
Con esta actualización del software, también se lleva adelante el cierre definitivo del régimen compensador de las asignaciones familiares y se libera a los empleadores de la carga financiera y administrativa resultante del pago anticipado de estos beneficios. Para descargar el nuevo software haga clic aquí.
Además, con este software se inicia la recaudación del Seguro Colectivo de Vida Obligatorio, tal como lo estableció el convenio marco firmado por los titulares de la AFIP y la Superintendencia de Seguros de la Nación. El aplicativo permitirá recaudar la prima mensual y, de corresponder, el derecho de emisión de la póliza -premio- del Seguro Colectivo de Vida Obligatorio.
La aplicación SICOSS, en su nueva versión, también permite la correcta identificación de los trabajadores comprendidos en los Convenios de Corresponsabilidad Gremial de la actividad rural.
A través de “Mis Aportes” los trabajadores podrán continuar corroborando que sus empleadores cumplen correctamente con el depósito de los aportes jubilatorios y al sistema de salud retenidos, así como el pago de las contribuciones a todos los subsistemas de la seguridad social, incluida las cotizaciones a la Ley de Riesgos del Trabajo.
Presunciones
A través de la denominada Ley Antievasión II se ampliaron las facultades de la AFIP a fin de que pueda determinar de oficio las deudas de la seguridad social en aquellos casos en que los contribuyentes no hubieran presentado declaraciones juradas o resultaren impugnables por no representar la realidad constatada.
Para la determinación de las deudas antes mencionadas, el marco legal faculta al fisco nacional a valerse de presunciones previsionales pudiendo tomar como referencia:
• El consumo de gas, de energía eléctrica u otros servicios públicos.
• La adquisición de materias primas.
• El monto de los servicios de transporte utilizados.
• El valor del total del activo propio o ajeno.
• El tipo de obra ejecutada.
• La superficie explotada y el nivel de tecnificación.
• El tiempo de ejecución y las características de la explotación o actividad.
La propia ley dispone que tales indicios son meramente enunciativos y que su empleo deberá realizarse en forma razonable y uniforme.
El uso de las presunciones debe conducirse de manera siempre restrictiva. Las mismas no pueden constituir única prueba para efectuar una determinación de deuda en materia de aportes y contribuciones de seguridad social.
De lo contrario, las empresas correrían el riesgo de quedar a merced de criterios discrecionales, que luego ponen al contribuyente en la necesidad de producir demostraciones -a veces complejas- de la inexistencia del cargo que se le formula.
martes, 17 de agosto de 2010
AFIP - CLAUSURAS
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), que conduce Ricardo Echegaray, realizó dos fuertes operativos de fiscalización en todo el país para verificar el correcto cumplimiento de las normas de facturación y registración.
En uno de ellos, se clausuraron 901 locales. En el otro, que se llevo a cabo en el marco de los operativos por el día del niño, se visitaron 3.616 comercios que venden juguetes y se labraron 785 multas. En este caso, agentes de la Dirección General de Aduanas cerraron cinco comercios al detectar infracciones a las normas establecidas en el Código Aduanero y, en consecuencia, secuestraron 12.620 artículos por un valor de 156.300 pesos.
“Estas clausuras son consecuencia de intensos operativos de fiscalización llevados a cabo por la AFIP en donde se verificó el cumplimiento de las normas de facturación y la correcta declaración del personal en relación de dependencia”, sintetizó Echegaray y remarcó que fueron más de 1.500 los inspectores que visitaron a comercios de 18 provincias.
Clausuras
Del operativo participaron más de 720 agentes que sancionaron a comercios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el interior de la Provincia, Córdoba, Mendoza, Neuquén, Chaco, Santa Fe, Salta, San Juan, San Luis, Tucumán, Entre Ríos, Santa Cruz, Chubut, La Pampa, Misiones, Río Negro y Santiago del Estero.
De las 901 clausuras que se llevaron a cabo, 120 se hicieron en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en joyerías, textiles e informática. Las restantes 781, se realizaron en el resto del país en los rubros gastronómicos, farmacias, playas de estacionamiento, venta de indumentaria y bijouterie, entre otros.
Las principales infracciones registradas constituyen violaciones al artículo 40 de la Ley de Procedimiento Tributario, que prevé hasta 7 días de clausura y las multas correspondientes. Las infracciones más frecuentes son la no emisión de facturas, no poseer controlador fiscal o teniendo controlador, emitir facturas manuales, entre otras.
Luego de los descargos realizados por los contribuyentes y de recorrer el camino legal correspondiente, 901 de esas actas por violación al artículo 40 de la Ley 11.683 quedaron firmes y se procedió a la clausura de los comercios.
En la Ciudad de Buenos Aires también se relevaron a 450 empleadores y 1.080 empleados.
Día del niño
También la AFIP realizó el operativo día del niño, donde 820 inspectores fiscalizaron en todo el país a 3.616 comercios que venden juguetes. En la Ciudad de Buenos Aires se visitaron 826 locales en los barrios de Constitución, Once, Flores, Caballito, Recoleta, Belgrano, Palermo, Liniers y en comercios situados en distintas localidades del conurbano bonaerense como Tigre, San Isidro, Martínez, Ciudadela, San Justo, Temperley, Lanús, Quilmes y Avellaneda.
En el resto del país, se fiscalizaron otros 2.790 comercios ubicados en ciudades como: Bahía Blanca, Córdoba, Junín, La Plata, Mar del Plata, Mendoza, Mercedes, Neuquén, Paraná, Posadas, Resistencia, Río Cuarto, Rosario, Salta, San Juan, Santa Fe y Tucumán.
Las principales infracciones registradas fueron violaciones al artículo 39 de la Ley de Procedimiento Tributario como ser: la no emisión de facturas o con el Código de Autorización de Impresión (CAI) vencido, sin anular -el CAI es el permiso que la AFIP le otorga a la imprenta para la emisión de facturas- la entrega de recibos manuales; no poseer controlador fiscal o la falta de la constancia de reempadronamiento; no tener a la vista la documentación de inscripción como monotributista y la ausencia de estampillas en las mercaderías. En total se labraron 193 actas.
En tanto, también se multaron a otros 592 comercios por violaciones al artículo 40 de la Ley de Procedimiento Tributario.
Paralelamente, el personal de Aduanas determinó la clausura de cinco jugueterías y se decomisaron 350 bultos de distintas mercaderías, en su mayoría juguetes por infracciones a la normativa establecida por el Código Aduanero. Los juguetes secuestrados totalizan unas 12.620 unidades y su valuación asciende a $ 156.300.
Finalmente, se relevaron 4.142 personas que estaban trabajando en los 3.616 locales verificados por los agentes de Seguridad Social.
En uno de ellos, se clausuraron 901 locales. En el otro, que se llevo a cabo en el marco de los operativos por el día del niño, se visitaron 3.616 comercios que venden juguetes y se labraron 785 multas. En este caso, agentes de la Dirección General de Aduanas cerraron cinco comercios al detectar infracciones a las normas establecidas en el Código Aduanero y, en consecuencia, secuestraron 12.620 artículos por un valor de 156.300 pesos.
“Estas clausuras son consecuencia de intensos operativos de fiscalización llevados a cabo por la AFIP en donde se verificó el cumplimiento de las normas de facturación y la correcta declaración del personal en relación de dependencia”, sintetizó Echegaray y remarcó que fueron más de 1.500 los inspectores que visitaron a comercios de 18 provincias.
Clausuras
Del operativo participaron más de 720 agentes que sancionaron a comercios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el interior de la Provincia, Córdoba, Mendoza, Neuquén, Chaco, Santa Fe, Salta, San Juan, San Luis, Tucumán, Entre Ríos, Santa Cruz, Chubut, La Pampa, Misiones, Río Negro y Santiago del Estero.
De las 901 clausuras que se llevaron a cabo, 120 se hicieron en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en joyerías, textiles e informática. Las restantes 781, se realizaron en el resto del país en los rubros gastronómicos, farmacias, playas de estacionamiento, venta de indumentaria y bijouterie, entre otros.
Las principales infracciones registradas constituyen violaciones al artículo 40 de la Ley de Procedimiento Tributario, que prevé hasta 7 días de clausura y las multas correspondientes. Las infracciones más frecuentes son la no emisión de facturas, no poseer controlador fiscal o teniendo controlador, emitir facturas manuales, entre otras.
Luego de los descargos realizados por los contribuyentes y de recorrer el camino legal correspondiente, 901 de esas actas por violación al artículo 40 de la Ley 11.683 quedaron firmes y se procedió a la clausura de los comercios.
En la Ciudad de Buenos Aires también se relevaron a 450 empleadores y 1.080 empleados.
Día del niño
También la AFIP realizó el operativo día del niño, donde 820 inspectores fiscalizaron en todo el país a 3.616 comercios que venden juguetes. En la Ciudad de Buenos Aires se visitaron 826 locales en los barrios de Constitución, Once, Flores, Caballito, Recoleta, Belgrano, Palermo, Liniers y en comercios situados en distintas localidades del conurbano bonaerense como Tigre, San Isidro, Martínez, Ciudadela, San Justo, Temperley, Lanús, Quilmes y Avellaneda.
En el resto del país, se fiscalizaron otros 2.790 comercios ubicados en ciudades como: Bahía Blanca, Córdoba, Junín, La Plata, Mar del Plata, Mendoza, Mercedes, Neuquén, Paraná, Posadas, Resistencia, Río Cuarto, Rosario, Salta, San Juan, Santa Fe y Tucumán.
Las principales infracciones registradas fueron violaciones al artículo 39 de la Ley de Procedimiento Tributario como ser: la no emisión de facturas o con el Código de Autorización de Impresión (CAI) vencido, sin anular -el CAI es el permiso que la AFIP le otorga a la imprenta para la emisión de facturas- la entrega de recibos manuales; no poseer controlador fiscal o la falta de la constancia de reempadronamiento; no tener a la vista la documentación de inscripción como monotributista y la ausencia de estampillas en las mercaderías. En total se labraron 193 actas.
En tanto, también se multaron a otros 592 comercios por violaciones al artículo 40 de la Ley de Procedimiento Tributario.
Paralelamente, el personal de Aduanas determinó la clausura de cinco jugueterías y se decomisaron 350 bultos de distintas mercaderías, en su mayoría juguetes por infracciones a la normativa establecida por el Código Aduanero. Los juguetes secuestrados totalizan unas 12.620 unidades y su valuación asciende a $ 156.300.
Finalmente, se relevaron 4.142 personas que estaban trabajando en los 3.616 locales verificados por los agentes de Seguridad Social.
viernes, 6 de agosto de 2010
La AFIP pone la mira sobre el 40% de los padres que pagan cuotas de colegios top
Cuatro de cada 10 contribuyentes que mandan a sus hijos a institutos privados con mensualidades de más de $2.000 se encuentran en situación irregular. Sobre 18 mil casos informados, casi cuatro mil figuran como monotributistas, mientras que más de 3.400 ni siquiera existen fiscalmente
El titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray, adelantó que las mediciones iniciales del nuevo régimen informativo implementado en los colegios privados top indican que casi el 40% de los padres que pagan cuotas mensuales superiores a $2.000 presentarían irregularidades ante el fisco nacional.
"Sobre un universo de 18.070 sujetos informados en esta primera instancia, 3.412 no están inscriptos y 3.983 son monotributistas", afirmó Echegaray en rueda de prensa.
El régimen informativo de los colegios tiene por objetivo "incorporar datos precisos, poder delinear el perfil de consumo de los contribuyentes, confrontar los datos relevados con los declarados y determinar casos que no han exteriorizado la real capacidad contributiva".
Si bien aún el universo medido es bastante reducido, cuatro de cada diez padres que pagan cuotas superiores a los $2.000 en colegios privados se encontrarían en algún tipo de situación irregular con la AFIP.
"Sobre 18 mil casos informados por los colegios, casi 4.000 mil figuran como monotributistas, mientras que más de 3.400 no existen fiscalmente", remarcó Echegaray.
Los colegios que no cumplan con la obligación de informar podrían sufrir multas de hasta 45.000 pesos.
El titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray, adelantó que las mediciones iniciales del nuevo régimen informativo implementado en los colegios privados top indican que casi el 40% de los padres que pagan cuotas mensuales superiores a $2.000 presentarían irregularidades ante el fisco nacional.
"Sobre un universo de 18.070 sujetos informados en esta primera instancia, 3.412 no están inscriptos y 3.983 son monotributistas", afirmó Echegaray en rueda de prensa.
El régimen informativo de los colegios tiene por objetivo "incorporar datos precisos, poder delinear el perfil de consumo de los contribuyentes, confrontar los datos relevados con los declarados y determinar casos que no han exteriorizado la real capacidad contributiva".
Si bien aún el universo medido es bastante reducido, cuatro de cada diez padres que pagan cuotas superiores a los $2.000 en colegios privados se encontrarían en algún tipo de situación irregular con la AFIP.
"Sobre 18 mil casos informados por los colegios, casi 4.000 mil figuran como monotributistas, mientras que más de 3.400 no existen fiscalmente", remarcó Echegaray.
Los colegios que no cumplan con la obligación de informar podrían sufrir multas de hasta 45.000 pesos.
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