Con las modificaciones que se realizaron en materia de lavado de dinero, se generó mucha incertidumbre respecto de cuál es la forma correcta en la que se debe aplicar la normativa vigente.
La inclusión de la figura de autolavado, la incorporación de los oficiales de cumplimiento, la obligación de confeccionar manuales, son sólo algunos de los cambios que se introdujeron en este movido 2011.
Y queda claro que, para el caso de los contadores, muchas fueron también las incógnitas respecto de cuándo deben informar las denominadas operaciones sospechosas, y sobre todo, cómo influye la posibilidad de
considerar a la evasión como delito precedente del lavado de activos.
En este escenario, el Consejo Profesional de Ciencias Económicas porteño llevó adelante una jornada denominada
"La Nueva Ley de Lavado de Activos", donde expusieron diversos especialistas develaron aquellas cuestiones que quitan el sueño a quienes ejercen la profesión de Contador Público y deben cumplir con la normativa vigente en materia de reporte de operaciones sospechosas.
iProfesional.com estuvo presente en el evento donde Humberto Bertazza y Jaime Mecikovsky expusieron sobre los casos en los que cometer
un delito fiscal puede ser considerado también el lavado de dinero.
Los expertos, además, plantearon los principales interrogantes que se generan respecto de las atribuciones que tendrá la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
Las claves para distinguir casos de evasión y lavado
Al momento de distinguir qué clase de ilícito puede ser pasible de generar una maniobra de blanqueo, existe una sola idea clara:
no siempre el delito fiscal va a dar origen a un caso de lavado.
En este contexto, para Bertezza, "acá es donde empiezan las dificultades de lo que es la posible aplicación de nuestra norma".
Según el experto, existen dos escenarios distintos. Por un lado, se encuentra el que denominó
"ajustes técnicos" y, por el otro, el de
"diferencias patrimoniales".
En el primero de los casos, Bertazza indicó que existe "un hilo conductor y es que hay un ajuste técnico, es decir, que en el fondo hay una distinta apreciación de lo que es el ámbito de aplicación de la norma tributaria.
En este primer escenario, desde nuestro punto de vista, no puede haber lavado".
Es decir, según el especialista, los siguientes ajustes quedarían
fuera del análisis al momento de determinar
qué puede ser considerado sospechoso:
- Malos créditos, cuando el fisco no coincide con el criterio que ha tomado el contribuyente para llegar a computarlo.
- Las valuaciones de bienes de cambio, porque hay criterios distintos.
- La disposición de fondos de terceros.
- Las operaciones gravadas en la interpretación del fisco, pero que fueron consideradas como exentas o no gravadas por el contribuyente.
"El segundo escenario, los distintos hechos que van a terminar de componer un delito de tipo tributario tienen una característica que, en el fondo, terminan con diferencias patrimoniales.
Y estos sí son los que pueden dar origen a un tema de lavado", señaló Bertazza.
El experto dividió a todo aquello que
puede generar una diferencia patrimonial en cuatro grupos distintos.
En primer lugar, distinguió las
impugnaciones de pasivos, la adquisición de bienes, los depósitos bancarios y los aportes societarios.
En este sentido, Bertazza destacó, respecto de la impugnación de pasivos fiscales, el ejemplo de "un contribuyente que muestra un pasivo, viene el fisco, lo fiscaliza, lo determina, no cumple los requisitos para ser considerado pasivo, lo impugna, determina un incremento patrimonial no justificado. En este conflicto se abre una situación nueva:
puede dar origen a un tema de lavado".
Respecto de la adquisición de bienes de forma total o parcial, señaló que cuando "la misma no es declarada por el contribuyente,
nos encontramos nuevamente como un incremento patrimonial no justificado. En este caso, derivado de una adquisición de bienes".
"Lo mismo con el ejemplo de los depósitos bancarios, o de los aportes societarios, que pueden ser reales o no y que, en muchos casos, sirve
para poder neutralizar los efectos de caja que no le dan al contribuyente. En esas situaciones también estamos ante un incremento patrimonial no justificado", remarcó el experto.
El segundo grupo de temas, según explicó Bertazza, son
los ingresos declarados en exceso.
"Acá aparecen casos muy particulares. Son ingresos que declara el contribuyente, en muchos casos, sin tenerlos. ¿Pero cómo va a declarar un ingreso y va a pagar un impuesto si no los tiene?", se preguntó el especialista para responder:
"Bueno, típica forma de lavado".
Entre los ejemplos mencionados,
incluyó a:
- Los intereses ganados, es decir, que se dicen haber cobrado en una magnitud superior a la que se cobraron.
- Sobrefacturación de bienes.
- Sociedades operativas que funcionan en paraísos fiscales.
- Venta de inmuebles, donde se puede encontrar situaciones que en las que son subvaluadas o sobrevaluadas, que dependerá del momento de lavado en el que se encuentren.
- Títulos valores.
- Ingresos inexistentes provenientes del juego, al través del cual se quiere justificar una diferencia patrimonial.
- La usina de facturas apócrifas.
En el tercer grupo de situaciones, Bertazza señaló que
se dan en la práctica:
- Los consumos o disposiciones de bienes no justificados. Por ejemplo: los consumos detectables no declarados (como de tarjetas de crédito, viajes, expensas, fiestas, obsequios, etc.). "Esta también es una forma de lavado", indicó.
- Donaciones a terceros no declarados.
- Los gastos no deducibles (intereses no deducibles, los impuestos, las multas, los alimentos que se paguen por disposición judicial).
Por último, el especialista sostuvo que "el último grupo está compuestos por los gastos, los costos o las inversiones reales no registradas".
AFIP o UIF, esa es la cuestión
En tanto, Mecikovsky indicó que existen, en principio, algunos interrogantes en lo que hace a la acción propia de la AFIP o a aquello que puede ser pedido por la UIF.
En primer lugar, el especialista se pregunta
cómo va a impactar en relación con el secreto fiscal. La pregunta surge debido a que, hoy en día, todos los datos que recolecta la AFIP a través de los regímenes de información
sólo pueden ser utilizados para fines fiscales.
Al respecto indicó que "entiendo
que se va a aclarar vía norma o lo va a ir aclarando la jurisprudencia. Habrá que evaluar de qué manera toda la información que posee la AFIP será utilizada con otros fines que no sean fiscales".
Otro de los interrogantes planteado es quién va a llevar adelante las investigaciones.
Mecikovsky sostuvo que "con la modificación del artículo 303 del Código Penal se fijó el piso objetivo de punibilidad en $300.000", mientras que en la LPT ese tope se encuentra en 100.000 pesos.
La pregunta que le cabe al experto es
"¿qué pasará entonces entre 100.001 y 300.000? ¿es evasión, es lavado?".
Y agregó: "¿
Qué pasará con las modificaciones de la LPT, que habla de $1.000.000 por la sumas de impuestos. De qué manera esto va a impactar".
Por último, cuestionó: "En los casos que estén por debajo de los límites objetivos de punibilidad de la LPT pero estén superando el de lavado
¿tienen que ser reportados, tienen que ser denunciados?".
"En aquellos casos en que no se alcance el piso objetivo de punibilidad de la LPT, que no es considerado evasión tipificada, pero sí podemos estar ante maniobras típicas de lavado
¿se van a reportar, no se van a reportar? ¿Quién va a ser el encargado de investigarlo: la AFIP o la UIF?", planteó el especialista.
Evasión como delito previo en el mundo
Bertazza explicó que, tanto en la Argentina como en el resto de los países, se está avistando una tendencia a considerar a la evasión como delito previo del lavado de activos.
Al respecto, el especialista sostuvo que en países como Alemania, Bélgica, España, Francia e Italia, "
se han realizado las modificaciones respectivas para incorporar el delito fiscal como delito previo".
"Si tomamos estos países, que hemos traído al análisis, si quisiéramos hacer una suerte de resumen de cómo viene el posicionamiento de este tema, según el derecho comparado
diríamos que en la mayoría de las naciones se está viendo una tendencia a considerar el delito de evasión como un delito previo", indicó.
No obstante, Bertazza aclaró: "En muchos de los países, lo que aparece como una característica central es que
no es cualquier tipo de delito, sino que se tienen que dar determinadas características de ese delito para que el mismo sea considerado como previo".
La importancia de la consideración del derecho comparado es que el ilícito previo, con la nueva modificación del código penal, se pudo haber dado en el exterior. Sin embargo, Bertazza aclaró que "lo que pasa es que, para que sea previo,
se requiere que tenga la calificación como delito en ese país".
El especialista comentó al respecto: "En sentido contrario, sería nuestro hermano país de Uruguay,
donde el ilícito fiscal no es un delito previo de lavado de dinero".
Los cambios que se vienen
Tras la aprobación de la modificación del Código Penal, se sancionó también en Senadores un proyecto de "ley correctiva", que aún debe ser discutido en Diputados.
La misma trae aparejada una serie de cambios respecto de
qué delitos fiscales podrán ser investigados como delitos de lavado de activos.
En este contexto, Mecikovsky indicó que "en la redacción de la Ley 26.683 (que modificó el Código Penal), independientemente de la ley correctiva, el planteo es que se hace referencia a los delitos de la Ley 24.769 (Penal Tributaria)".
Y agregó: "Dado que, en esta norma, no se está especificando cuáles delitos deben incluirse,
debería entenderse como que todos, es decir,
cualquier delito de evasión, en principio, debería ser precedente del de lavado de activos".
No obstante, Bertazza remarcó que el "
proyecto de Ley Correctiva modificaría el delito previo de evasión fiscal, ya que no estaría referido a cualquier ilícito de la Ley Penal Tributaria, sino a los graves".
"Así, estos últimos serían evasión fiscal agravada, evasión previsional agravada, el aprovechamiento indebido de subsidios, la obtención fraudulenta de beneficios fiscales y la asociación ilícita para la comisión de delitos tributarios", concluyó.
