ARGENTINA -URUGUAY SECRETO FISCAL

Si bien la relación entre la Argentina y Uruguay no presenta actualmente grandes problemas, existe un tema que siempre enciende la polémica: el secreto fiscal.
En efecto, mientras sigue demorada la firma de un convenio de intercambio de información tributaria con el país que preside José "Pepe" Mujica, el juez Javier López Biscayart, titular del Juzgado Nacional en lo Penal Tributario Nº 1, denegó la asistencia jurídica internacional requerida por una magistrada uruguaya, en el marco de una investigación por defraudación tributaria.
La decisión del juez fue en respuesta a repetidas negativas recibidas desde el Uruguay. Por ende, ante la falta de colaboración recíporca, el fallo pone un freno a la investigación judicial y persecución de evasores en dicha nación. Para acceder al texto completo de la polémica medida publicada por el Centro de Información Judicial (CIJ) haga clic aquí.
Por lo tanto, cada vez se complica un poco más concretar el deseo del administrador Federal de Ingresos Públicos, Ricardo Echegaray, sobre "tener acuerdos de este tipo, que permitan asegurar la transparencia y avanzar hacia el modelo del contribuyente global con todos los países que sea posible".
Y más precisamente, refiriéndose a Uruguay, el funcionario afirmaba oportunamente: "Es un país hermano y un socio comercial y financiero muy importante, así que definitivamente estará dentro de las prioridades".
Desde el otro lado del Río de la Plata son más reticentes a avanzar hacia un acuerdo de intercambio de datos fiscales. "El intercambio de información es un asunto muy delicado que debe manejarse con suma cautela, porque genera efectos importantes", señalaron oportunamente desde el Gobierno de José Mujica.
"Son muchos los inversores argentinos radicados en Uruguay que pueden sentirse afectados, por lo que la prioridad es dar señales claras", agregaron altas fuentes oficiales.
Puntualmente, Echegaray pone la mira sobre determinados delitos tributarios que presume que se consuman vía Uruguay:

• Triangulación en la venta de futbolistas. 
• Triangulación en la exportación de granos.
• Evasión y lavado de dinero por parte de inversores inmobiliarios argentinos en Punta del Este.

Según cálculos oficiales, el 60% de las inversiones inmobiliarias en Punta del Este provienen de la Argentina. En tanto, se estima que los ahorristas argentinos poseen más de u$s2.000 millones en bancos uruguayos.
Cortocircuito judicialEl expediente que encendió la llama se inició por un exhorto del Juzgado Letrado de 1ª Instancia en lo Penal Especializado en Crimen Organizado de la Ciudad de Montevideo, donde solicita asistencia jurídica internacional en materia penal a fin de que se reciba declaración indagatoria a dos personas que residirían en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en orden a aquel delito.
Para ello, el juzgado uruguayo invoca el Protocolo de Asistencia Jurídica Mutua en Asuntos Penales del Mercosur.
Al respecto, el juez López Biscayart señaló que, sin perjuicio de la reciprocidad ofrecida por la exhortante, "lo cierto es que la misma magistrada -la señora juez Graciela Gatti-, el 12 de febrero de 2007 denegó una cooperación internacional que había solicitado el titular de la Fiscalía Nacional en lo Penal Tributario nro. 2 de la Capital Federal mediante exhorto del 12 de octubre de 2006".
Asimismo, puntualizó, "el 10 de marzo de 2009, teniendo en cuenta que desde este estrado se había dado curso a peticiones similares en otros procesos y que había ofrecido reciprocidad, se libró una nueva rogatoria a fin de que las autoridades judiciales de la República Oriental del Uruguay revieran la respuesta brindada al representante del Ministerio Público Fiscal de la República Argentina, a la luz del principio de reciprocidad que gobierna las relaciones internacionales entre los países".